La Manga contará para verano con un nuevo campo de fútbol

Los presupuestos recogen una partida para estas instalaciones Por : L. Martínez

Imagen del colegio de La Manga. (Foto: FELIPE GARCÍA PAGÁN)

La zona de La Manga tendrá el próximo verano un nuevo campo de fútbol. Así lo aseguró ayer tanto el gerente del Patronato Municipal de Deportes de Cartagena, Eduardo Armada, como el propio concejal de Deportes del Ayuntamiento de la ciudad, Alonso Gómez López, quien aseguró que “los presupuestos de 2007 recogen una partida económica para estas instalaciones deportivas”.

El concejal aseguró que no entiende la preocupación de los padres de los alumnos del colegio Mediterráneo de La Manga, ya que “los niños acaban las clases en el mes de junio, y está previsto que el campo de fútbol se construya durante los meses de verano, a tan sólo 50 metros de la zona donde se encuentra ubicado el centro escolar”.

Por su parte, el gerente del Patronato de Deportes señaló que él se ha reunido “en varias ocasiones con los responsables del Club de Fútbol de La Manga, que son los principales afectados por el asunto, y ellos saben que el proyecto de este espacio deportivo existe”. Así mismo, Armada explicó que se ha reunido también con los representantes vecinales tanto de la zona de La Manga como de Cabo de Palos y que “conocen ya la idea de las nuevas infraestructuras deportivas”.

El nuevo campo de fútbol de La Manga se situará, según explicó Armada, “junto al colegio y el instituto de la zona, a escasos 50 metros”, y tendrá una espacio destinado a vestuarios, con iluminación adecuada y un campo completamente “equipado con todo lo necesario para que los deportistas de esta zona costera pueda practicar allí sus actividades, ya sea fútbol, atletismo o cualquier tipo de deporte”, explicaron desde el Patronato de Deportes.

Así mismo, tanto Eduardo Armada, como Alonso Gómez López, insistieron en que las obras de estas instalaciones durarían muy poco tiempo, “no más de quince días”, apuntilló el gerente del Pabellón de Deportes de la ciudad portuaria.

Ampliación del colegio
La Asociación de Padres de Alumnos del colegio Mediterráneo de la Manga insisten en que “el colegio se ha quedado pequeño para los más de 500 alumnos con los que cuenta en este curso”, señaló Marta González.

Así, la portavoz de la APA señaló que aunque el centro educativo tiene dos pistas deportivas, los niños que actualmente utilizan el campo de fútbol privado situado junto al colegio, “en junio se quedarían donde practicar este deporte”.

Por su parte, la dirección del centro, que apoya a los padres en su lucha por conseguir que estas instalaciones deportivas se unan al colegio, aseguró que “los padres están esperando una reunión con el responsable del Pabellón de Deportes para ser informados”.

El Faro de Cartagena

Los vecinos ya avisamos de cada vez que la lluvia aparece el solar se enpantana, en la fotografía tomada el 28 de enero de 2007 se puede apreciar como el solar no se distingue de las Salinas.

Nos parece impensable que el Ayuntamiento de Cartagena finalmente acceda a conceder la licencia de obras, salvo opinión contraria de última hora.

Seis guardias civiles vigilarán la 'trampa' urbanística regional

El nuevo grupo de la Benemérita estará coordinado con el Seprona

Guardias del Seprona investigan en un obra en un paraje protegido. Foto:ARCHIVO

La Guardia Civil ya tiene designados a los seis hombres --tres en la Comandancia de Oviedo y otros tres en la de Gijón-- que se encargarán de investigar y perseguir los delitos vinculados al urbanismo en la comunidad autónoma del Principado.

En las últimas semanas los agentes seleccionados han recibido formación relativa a la legislación urbanística y, según informaron desde la Comandancia de Oviedo, el próximo lunes iniciarán un curso intensivo en Madrid --sede de la Unidad Central Operativa-- junto a otros guardias que integran grupos especiales de toda España para, inmediatamente, ponerse a trabajar.

En la Comandancia de Oviedo no tienen conocimiento de cuánto tiempo durará el curso --su formación llevará varios meses y estará centrada en derecho urbanístico y en técnicas de investigación de patrimonios-- ni cuándo estará operativo el nuevo equipo, pero la idea de la Guardia Civil es que los grupos se vayan implantando de forma escalonada por todo el territorio español, por lo que los que ya están seleccionados en Asturias podrían empezar a funcionar antes de que finalice el primer trimestre de 2007.

Estos grupos especiales, en principio de tres miembros por equipo, estarán integrados en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de cada comandancia, por lo que los agentes seleccionados tienen que tener la titulación y los cursos que se les exige para trabajar en esta unidad judicial.

MESQUIDA El proyecto de crear en el seno de la Benemérita grupos especiales contra la corrupción urbanística partió del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida en plena vorágine de la Operación Malaya en Marbella. En principio estos grupos sólo iban a estar operativos en Madrid --sede de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, Málaga y Murcia, por tratarse de dos provincias con una enorme presión urbanística y con casos de corrupción urbanística de gran envergadura que en los últimos meses vienen apareciendo en los medios de comunicación. Posteriormente se decidió extender estas unidades al resto de las provincias de España de forma escalonada y en función de la presión urbanística que hay en cada territorio.

Los agentes que deberán investigar las operaciones sospechosas relacionadas con el ladrillo estarán a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y actuarán bajo su mando, pero también lo podrán hacer de oficio o ante la denuncia presentada por un particular. Hay que recordar que en cada comunidad autónoma ya hay un fiscal encargado de perseguir los delitos relativos al medio ambiente y al urbanismo.

El trabajo de estos grupos anticorrupción urbanística deberá coordinarse con el que desempeña el Seprona, unidad que investiga también delitos urbanísticos, pero siempre vinculados a construcciones ilegales realizadas en espacios preservados desde el punto de vista mediambiental.

La Voz de Asturias

Costas abre un expediente por obras ilegales en Playa Paraíso

La demarcación quiere recuperar el dominio público marítimo terrestre en la playa Paraíso.

La Demarcación de Costas de Murcia, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha incoado un expediente para recuperar de oficio el dominio público marítimo terrestre en la playa Paraíso, ubicada en el término municipal de Cartagena.

(Espacio protegido de Lo Poyo )

La resolución precisa que “ha constatado la ocupación del dominio público con unas construcciones ilegales de las que se desconoce su titular”.
Un muro perpendicular a la costa entre la citada playa y la playa de Los Alemanes, un aparcamiento, dos muretes, y varios espacios cimentados construidos en terrenos de dominio público marítimo terrestre, son las obras ilegales que se han llevado a cabo en esta zona del litoral cartagenero.
La Demarcación de Costas ha dado un plazo de ocho días a los interesados para que puedan personarse en este expediente, según apunta la resolución.
El pasado mes de junio, el Ministerio de Medio Ambiente ya anunció su intención de recuperar el dominio público marítimoterrestre, y parar el caos urbanístico que reina en este tramo del litoral con la destrucción de la costa.
El Parque Regional Salinas de San Pedro, la Zerrichera, Lo Poyo, Calblanque o el Monte de las Cenizas, son sólo algunos de los lugares que han sufrido de una u otra forma la mano del hombre y donde se está incumpliendo de forma clara, según los ecologistas, el Plan General de Ordenación de Recursos Naturales.
Nueva Línea EFE

Pregunta parlamentaria del Diputado (Los Verdes) David Hammerstein

Amenaza ambiental en las Salinas de Marchamalo

El diputado por Los Verdes David Hammertein ha presentado una pregunta parlamentaria en la Comisión Parlamentaria Europea por Amenaza Ambiental en Las Salinas de Marchamalo.

Las Salinas de Marchamalo es un humedal asociado al Área de Sensibilidad Ecológica “mar Menor y humedales asociados”. El área es Zona de Protección Especial de las Aves y Lugar de Interés Comunitario. “El Mar Menor y sus humedales asociados” es también un Área de Protección de Fauna Silvestre, Humedal de Importancia Internacional y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mar Mediterráneo.

A pesar de estar catalogado como ZEPA y LIC, el ayuntamiento de Cartagena ha autorizado a una empresa constructora la edificación de tres bloques de nueve plantas en la zona de las Salinas. La construcción va justo encima de una rambla o cauce de aguas torrenciales, vulnerando la directiva de aguas subterráneas 80/68(CEE. No se ha realizado ningún estudio de impacto medioambiental.

¿Considera la comisión que se están incumpliendo las Directivas de Aves 74(409(CEE, que exige que se hagan estudios de impacto ambiental de las obras que puedan afectar ecológicamente a las ZEPA? ¿Piensa la Comisión que estamos ante un caso de vulneración de la directiva de aguas subterráneas 80/68/CEE?

La Fiscalía de Murcia tiene a mal traer a la alcaldesa de Cartagena, por diversas denuncias de corrupción

España, 24/11/06- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) tiene a mal traer a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP), en el marco de diversas denuncias por presuntas infracciones y delitos urbanísticos. Hace dos semanas, sacó de quicio a la funcionaria al enviar la Guardia Civil a la sede municipal para que revise expedientes en busca de pruebas. Barreiro, calificó como de “absoluto acoso” la situación a la que está sometida “desde los poderes públicos”, y tildó de “sorprendente y anómalo”, el procedimiento de la Fiscalía. Según la alcaldesa, los agentes de la Benemérita “se presentaron en el despacho de la jefa de licencias cuando sólo habían transcurrido dos días desde la solicitud de información por parte de la Fiscalía”. Según informó El Faro de Cartagena, el concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, reconoció que los expedientes solicitados por la Guardia Civil hacen referencia, al menos, a denuncias presentadas en la Fiscalía por la Plataforma Virgen de la Caridad contra las obras del Teatro Romano y por el director del Hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar, a causa del deslinde de un chalet anexo al suyo en La Manga. Guillén también mencionó la denuncia de un británico por la licencia de obras concedida en una parcela junto a su propiedad, en Playa Paraíso, y la actuación del grupo ecologista Anse contra tres edificaciones situadas en el Plan Parcial El Mojón, en Isla Plana. Pedro García, presidente de Anse, señaló que su colectivo acudió a la Fiscalía el pasado junio, a raíz de la edificación de tres torres de nueve plantas cada una, cuyas obras comenzaron a principios de año. Anse ultima una nueva denuncia por otra edificación un paraje de costa del municipio de Cartagena. “Por favor, que nos informe” La regidora aseguró que “el letrado del Ayuntamiento ha tenido que dirigirse al fiscal para decirle que, por favor, nos informe de qué nos están acusando, en qué y la documentación que necesita”. Por contra, Barreiro indicó que “en Lo Poyo no sé cual es la situación del expediente y me lo devuelven cuando quieren y sin abrir”. Barreiro agregó: “Ahora tengo conocimiento por los medios de que el PSOE ha presentado una denuncia y yo desconozco todo” lo referente a la misma. Ante la actuación de la Fiscalía, la alcaldesa manifestó sentirse “sorprendida”, ya que “en las dos últimas semanas han llegado más escritos de la Fiscalía Anticorrupción que en doce años de Gobierno”. Por otra parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Teresa Rosique, anunció pidió la creación de una comisión de investigación para analizar todo el proyecto de Novo Carthago. La razón, según dijo Rosique, se debe a las informaciones en las que se ha conocido “la vinculación de Javier Arteche y de empresarios vinculados a la trama marbellí en ese proyecto”.

López Bernal rechaza que la Fiscalía Anticorrupción acose a Pilar Barreiro

El fiscal dice que la Guardia Civil no actúa "de forma indiscriminada" y que los agentes fueron al Ayuntamiento a pedir información, "no a efectuar registros"

El fiscal jefe de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, rechaza de plano que la Fiscalía esté "acosando" a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, quien manifestó el viernes que el Ayuntamiento "está en una situación de indefensión, yo me siento acosada por otros poderes públicos y no entiendo el procedimiento que utiliza la Fiscalía".
López Bernal proclama que en ningún momento "se han llevado a cabo registros por parte de agentes de la Guardia Civil del Seprona, que sólo pidieron una información concreta".
No entiende por qué la alcaldesa puede decir que se siente acosada, "porque no hemos mandado agentes de forma indiscriminada", remarcando a continuación que su obligación legal es la de "tramitar las denuncias de particulares y es lo que hacemos. No hay indicio alguno de registros por nuestra parte y si eso se ha producido debe corresponder a otro asunto, no a la Fiscalía", señala.
Este diario ha averiguado que las actuaciones por las que el fiscal de Cartagena ha ordenado la intervención de la Guardia Civil del Seprona son dos diligencias que están abiertas a instancias del fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Uno de los asuntos corresponde a una empresa de Los Conesas, en La Palma, a la que un particular acusa de contaminación, y por lo que se encomendó al Seprona que comprobase su actividad y si efectuaba vertidos, y que informase de su titularidad.
El otro corresponde a la denuncia de un británico contra una edificación en el polígono 2 de Playa Paraíso, que estima que no es legal. El fiscal de Cartagena encomendó a la Benemérita de que, en el supuesto de que se esté levantando una edificación en ese terreno, identificasen a las empresas promotora y constructora, para lo que acudieron al Ayuntamiento.

Barreiro sigue extrañada
La alcaldesa mantuvo ayer que la situación del Ayuntamiento ante la actuación de la Fiscalía "es, cuanto menos, anómala, y no me refiero por asuntos concretos, sino por la situación general".
Fuentes municipales aseguran que la Fiscalía solicita información sobre expedientes municipales "que sabíamos que tenían diligencias abiertas", además de que no es normal que los agentes del Seprona se presenten en el despacho de la jefa de licencias dos días después de que la Fiscalía solicite una información.
Desde la Fiscalía del TSJ en Murcia, sin entrar en detalles, se insiste en que todos los procedimientos que llevan a cabo son plenamente legales.
La Opinión de Murcia

La alcaldesa de Cartagena denuncia que la Fiscalía «acosa» al Ayuntamiento al buscar delitos urbanísticos

Pilar Barreiro insinúa que López Bernal envía a la Guardia Civil a revisar expedientes municipales para beneficiar la estrategia política del PSOE contra el PP Agentes del Seprona investigan la rehabilitación del Teatro Romano y una urbanización en Isla Plana.

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ/CARTAGENA

JUNTO A LA DESEMBOCADURA. La Fiscalía investiga la urbanización El Mojón, en Isla Plana, junto a la rambla de Valdelentisco. / PABLO SÁNCHEZ /AGM

«Acoso» al Ayuntamiento de Cartagena. Ésta es la palabra que empleó ayer la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para mostrar públicamente su enfado con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que investiga denuncias sobre presuntas infracciones y delitos urbanísticos y que ha enviado a la Guardia Civil a la sede municipal para que revise expedientes en busca de pruebas.

«Es sorprendente que, en las últimas dos semanas, hayan llegado más escritos y denuncias de la Fiscalía Anticorrupción que en once años de gobierno [del PP]; que antes de que transcurran dos días desde que se solicita la información por escrito aparezca la Guardia Civil, y que no sepamos el contenido de las denuncias. Es anómalo. El Ayuntamiento está en una situación de indefensión absoluta», dijo la alcaldesa.

El Ayuntamiento confirmó que desde el 29 de septiembre ha recibido cinco escritos en los que la Fiscalía pide información sobre expedientes municipales, y que agentes de Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, han pedido documentos en la Concejalía de Urbanismo.

La Verdad reveló ayer en exclusiva que la Guardia Civil habían entrado en el Consistorio. Los asuntos que, según el Ayuntamiento, investiga la Justicia guardan relación con la rehabilitación del Teatro Romano y los presuntos daños a la Catedral Vieja; la construcción de edificios de nueve plantas en primera línea de playa en Playa Paraíso; una denuncia de una empresa de La Palma; y otra de la asociación ecologista Anse sobre una licencia para varias torres de viviendas en Urbanización El Mojón, en Isla Plana.

Aclaración del fiscal

La alcaldesa de Cartagena habló de un «absoluto acoso de otros poderes públicos». El procedimiento de la Fiscalía, señaló, es «anómalo. No quiero pensar que utiliza a la Guardia Civil para fines políticos», dijo Barreiro a los periodistas, mientras la corporación municipal celebraba un Pleno.

La regidora municipal, del PP, insinuó que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, sigue los dictados del PSOE en su estrategia de ataque al PP por presunta corrupción urbanística.

Barreiro recordó que el fiscal jefe rechazó su petición de investigar el ahora paralizado proyecto de Lo Poyo pero dijo sí a la misma solicitud del PSOE. «¿Están buscando la foto de la Guardia Civil llevándose debajo del brazo los expedientes?», se preguntó.

El fiscal jefe del TSJ, consultado por La Verdad, afirmó: «Yo no he mandado a la Guardia Civil al Ayuntamiento de Cartagena». Fuentes consultadas por este diario indican que los agentes actuaron en nombre de la Fiscalía de Cartagena. Y una portavoz de Alcaldía confirmó que las denuncias investigadas en el Ayuntamiento coinciden con los escritos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia al Consistorio.

Rosique: "Es inaudito que Barreiro diga que se siente acosada por la Justicia"

La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, calificó hoy de "inaudito" que la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, "se sienta acosada cuando la Justicia actúa". además, apuntó que sus afirmaciones demuestran "una absoluta falta de respeto a las actuaciones del Poder Judicial".

En un comunicado, Rosique aconsejó a Barreiro a que "abra las puertas del Ayuntamiento de par en par para ofrecer, desde la transparencia, toda la información solicitada que pueda esclarecer los hechos denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia".

Según Teresa Rosique, la alcaldesa de Cartagena "además de una gran falta de respeto, ha demostrado el miedo que tiene a la investigación judicial, y sólo desde esa perspectiva se puede entender los disparates que públicamente ha manifestado".

La portavoz socialista subrayó que "nadie, por muy alcaldesa que una sea, está por encima de la justicia y de los procedimientos judiciales, y Pilar Barreiro debería saber que la actuación de la justicia es igual para todos sin privilegios".

La alcaldesa de Cartagena denunció ayer que el ayuntamiento de la localidad se encuentra en una situación de "indefensión" ante las últimas actuaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

Guillén: «Para que Lo Poyo no se urbanice tendría que ser protegido por
Comunidad y UE»

Aunque Lo Poyo no está entre los asuntos por los que la Guardia Civil se ha personado en el Ayuntamiento de Cartagena, éste es uno de los asuntos que investiga la Fiscalía.

Ayer, a propuesta del PP el Pleno municipal aprobó que el nuevo Plan General incluya Lo Poyo como zona no urbanizable, lo que impedirá construir 5.000 viviendas, campo de golf y hoteles. Al sur del Mar Menor, 20 millones de metros cuadrados (de Playa Honda a Bahía Bella) serán protegidas.

El concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, dijo que Cartagena es el municipio de España con más porcentaje de suelo protegido, pero admitió que la medida de declarar a nivel local Lo Poyo no urbanizable se queda corta y «es cambiable al día siguiente». «Las únicas protecciones que tienen valor» a largo plazo son las de la Unión Europea y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comunidad Autónoma, dijo.

El edil de IU, Jorge Julio Gómez, reprochó a Guillén que «no se atreve» a pedir a esas administraciones que protejan Lo Poyo para no cuestionar la política de «urbanismo salvaje» del presidente regional Valcárcel y el PP. Y el edil de MC, Luis Carlos García, dijo que todo es una «pantomima» pues los dueños de Lo Poyo han dicho que en el futuro podrán construir. Como protesta, García abandonó el Pleno.

LAS DENUNCIAS

Teatro Romano: Proyecto de rehabilitación del Teatro Romano y construcción del Museo del Teatro Romano. A petición de la Plataforma Virgen de la Caridad se investigan una denuncia contra la Fundación Teatro Romano de Cartagena por los presuntos daños a la Catedral Vieja y el entorno, declarado Bien de Interés Comunitario (BIC).

Isla Plana: Proyecto de construcción de tres torres de viviendas de hasta 9 plantas (en total, 75 viviendas) en la Urbanización El Mojón, en Isla Plana. La denuncia la presenta la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse)

Playa Paraíso: Proyecto de construcción de tres torres de apartamentos de 9 alturas en primera línea en Playa Paraíso, en el Mar Menor, junto a las Salinas de Marchamalo.El Ayuntamiento está a la espera de un informe de la Dirección General de Costas de la Comunidad Autónoma para determinar si aprueba esta construcción.

La Palma: Denuncia de una empresa de La Palma. Sin más datos.

Contenido: Posibles infracciones o delitos de tipo urbanístico, medioambiental o administrativo.

Investigación: Agentes del Seprona de la Guardia Civil se han personado en las últimas dos semanas en el Ayuntamiento y han solicitado revisar los expedientes urbanísticos de estos proyectos.

Otras denuncias: La Fiscalía ha recibido denuncias de particulares y empresas sobre deslindes y licencias de obras presuntamente ilegales en La Manga y El Carmolí, ente otras.

La Verdad

Barreiro se ve “acosada” por la Fiscalía tras la investigación de la Guardia Civil

Por : Emilio Tomás
La Fiscalía investiga, entre otras, la licencia de tres edificios en el Mojón de Isla Plana. (Foto: Ángel Aledo)

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, calificó ayer de “absoluto acoso” la situación a la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, “está sometido desde los poderes públicos”, en clara referencia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). Barreiro tildó de “sorprendente y anómalo”, que la Fiscalía haya enviado en los últimos quince días a los agentes de La Guardia Civil para revisar, al menos, cinco expedientes urbanísticos relacionados con otras tantas denuncias de particulares, asociaciones y colectivos ciudadanos.

Según Barreiro, los agentes de la Benemérita “se presentaron en el despacho de la jefa de licencias cuando sólo habían transcurrido dos días desde la solicitud de información por parte de la Fiscalía”. La alcaldesa añadió que se han pedido “expedientes completos y no sabemos a qué se refieren en la mayoría de los casos”.

Según reconoció el concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, los expedientes solicitados por la Guardia Civil hacen referencia, al menos, a denuncias presentadas en la Fiscalía por la Plataforma Virgen de la Caridad contra las obras del Teatro Romano y por el director del Hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar, a causa del deslinde de un chalet anexo al suyo en La Manga.

Guillén también mencionó la denuncia de un británico por la licencia de obras concedida en una parcela junto a su propiedad, en Playa Paraíso, y la actuación del grupo ecologista Anse contra tres edificaciones situadas en el Plan Parcial El Mojón, en Isla Plana. Pedro García, presidente de Anse, señaló que su colectivo acudió a la Fiscalía el pasado junio, a raíz de la edificación de tres torres de nueve plantas cada una, cuyas obras comenzaron a principios de año. Anse ultima una nueva denuncia por otra edificación un paraje de costa del municipio de Cartagena.

La regidora aseguró que “el letrado del Ayuntamiento ha tenido que dirigirse al fiscal para decirle que, por favor, nos informe de qué nos están acusando, en qué y la documentación que necesita”. Por contra, Barreiro indicó que “en Lo Poyo no sé cual es la situación del expediente y me lo devuelven cuando quieren y sin abrir”.

Barreiro agregó: “Ahora tengo conocimiento por los medios de que el PSOE ha presentado una denuncia y yo desconozco todo” lo referente a la misma. Ante la actuación de la Fiscalía, la alcaldesa manifestó sentirse “sorprendida”, ya que “en las dos últimas semanas han llegado más escritos de la Fiscalía Anticorrupción que en doce años de Gobierno”.

Como resultado, la alcaldesa afirmó: “Yo no deseo pensar que la Fiscalía está utilizando a la Guardia Civil para fines políticos” y “no quiero pensar que la Fiscalía está a las órdenes de un partido político”. La alcaldesa manifestó esperar “que por parte de la Fiscalía se sigan los procedimientos establecidos y usuales”, después de recordar: “Cuando yo mando un expediente completo al fiscal y me lo devuelve sin abrir -en el caso de Lo Poyo- es porque el tiempo no es el que conviene”. En este sentido, matizó: “Quizá estamos hablando de que es más conveniente” que entren “a declarar en la Fiscalía los alcaldes en el mes de abril o en el mes de mayo”, en alusión a las elecciones municipales. Barreiro matizó que “se utilizan documentos que desconocemos para abrir diligencias que desconocemos”. Al mismo tiempo, aseguró que había “denuncias que desconocemos y en plazos absolutamente ridículos de dos días se envía a la Guardia Civil para recoger la información”.

Por otra parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Teresa Rosique, anunció ayer que pedirá la creación de una comisión de investigación para analizar todo el proyecto de Novo Carthago. La razón, según dijo Rosique, se debe a las informaciones en las que se ha conocido “la vinculación de Javier Arteche y de empresarios vinculados a la trama marbellí en ese proyecto”.

El Pleno aprueba la moción de Lo Poyo con el voto de PP e IU

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, con los votos del PP e Izquierda Unida, una moción del equipo de Gobierno para reservar “como zona no urbanizable la totalidad de la superficie de la ribera del Mar Menor”, de unos 20 millones de metros cuadrados, en la que está incluida de Lo Poyo. La inclusión expresa de esta finca, que no se mencionaba en un principio, motivó el voto afirmativo del edil de IU, Jorge Julio Gómez.

La alcaldesa, con la moción aprobada ayer, respondía a su compromiso público adquirido tras la intervención del presidente regional, Ángel Luis Valcárcel, quien diera por paralizado el proyecto, advirtiendo razones de moralidad y legalidad para evitar la urbanización de Lo Poyo.

El PSOE votó en contra porque, según su portavoz, Antonio Martínez Bernal, la moción no garantizaba que en un futuro se volviera a considerar Lo Poyo como urbanizable. El edil de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, se ausentó del Pleno en el momento de discutirse la moción, ya que se trataba de “una pantomima”. También se aprobaron, con los votos del PP las tasas e impuestos para 2006, que se encarecerán en un 3,5%. Todos los grupos apoyaron otra moción de IU solicitando al Gobierno central el desdoblamiento de la vía rápida de La Manga en su conexión con la AP-7 y de ésta con la A-30, a la altura de Los Beatos.
El Faro

El PSOE denuncia que Novo Carthago es «una recalificación a la carta»

Teresa Rosique exige una comisión de investigación y blande dos informes técnicos con reparos al proyecto que fueron omitidos

J. MOLLEJO/MURCIA

El proyecto urbanístico de Novo Carthago lleva camino de acabar en el mismo sitio que el de Lo Poyo: la mesa del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El PSOE anunció ayer que solicitará en la Asamblea Regional una comisión de investigación sobre Novo Carthago, por considerar que se trató de «una recalificación a la carta, que ya estaba aprobada antes incluso de iniciar su tramitación». Rosique expuso además sus dudas por la participación en el proyecto de «empresarios relacionados con la trama marbellí» y subrayó el hecho de que Novo Carthago nació «con la bendición del presidente Valcárcel, que intervino en la presentación del mismo, en junio del 2003, cuando ni siquiera se había iniciado la tramitación de la recalificación del suelo». Sobre Lo Poyo, el PSOE también pidió una investigación parlamentaria, y tras ser rechazada por la mayoría absoluta del PP, como ocurrirá con toda seguridad con esta nueva propuesta, llevó el asunto a la Fiscalía. Rosique puso de manifiesto la similitud entre ambos proyectos en la rueda de prensa que ofreció ayer en la sede regional del PSOE: «Novo Carthago es el hermano gemelo de Lo Poyo, incluso comparte con él el espacio natural de El Saladar de Lo Poyo», señaló.

El primer indicio, según el PSOE, de que la recalificación de Novo Carthago, «estaba decidida de antemano» y que su tramitación «fue un traje a medida», lo constituye la intervención del presidente regional y de otros importantes miembros del Gobierno y del PP en la presentación del proyecto en junio del 2003. Por entonces, el suelo que abarcaba el proyecto, 567 hectáreas, era no urbanizables y una parte poseía diversos grados de protección. Tal era el caso del espacio natural del Saladar de Lo Poyo y de buena parte de la finca, calificada de interés agrícola por ser zona regable del trasvase Tajo-Segura.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, cuya tramitación se inició en 1998, proponía mantener la protección para la zona de uso intensivo y paisaje agrario. Sin embargo, en junio del 2003, el mismo mes que se presentaba el proyecto urbanístico, se expone en información pública un nuevo PORN en el que se admitía la posibilidad de urbanizar los terrenos agrícolas de Novo Carthago. Durante la tramitación del expediente urbanístico, un informe de un técnico de la Consejería de Obras Públicas, firmado en marzo del 2004 por el arquitecto Carlos Iracheta, calificaba la recalificación propuesta de «no viable» y de «improcedente e ilegal» el cambio de uso del suelo de especial protección del trasvase. Otro informe técnico, esta vez de la Dirección General de Regadíos de la Consejería de Agricultura y Agua, también planteaba reparos a la recalificación.

La Verdad

La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento pruebas de presuntos delitos urbanísticos

Agentes del instituto armado han revisado en las últimas semanas documentos de varios expedientes

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ/CARTAGENA

EN OBRAS. Los operarios trabajan en la restauración del Teatro Romano, con la Catedral Vieja en lo alto. / PABLO SÁNCHEZ / AGM

Mientras la polémica sobre la urbanización de Lo Poyo no ha terminado, otros casos de supuestas irregularidades urbanísticas ponen el foco sobre el Ayuntamiento de Cartagena. Y es que, debido a denuncias de particulares, empresas y colectivos ciudadanos, agentes de la Guardia Civil se han personado en las últimas semanas en la sede del consistorio para buscar y revisar documentación relativa a varios expedientes urbanísticos.

Según ha sabido La Verdad, estas investigaciones están dirigidas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y tienen como objeto detectar si se han producido infracciones de tipo urbanístico o contra el medio ambiente.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía del TSJ, que trabaja en coordinación con las autoridades judiciales de Cartagena y que en los últimos meses no ha dejado de recibir peticiones para que presente denuncias o querellas contra cargos municipales.

Según estas fuentes, los agentes policiales no han realizado sus pesquisas en función de órdenes de registro, sino a efectos de recabar información válida para las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público.

Dentro de su actividad de control del Ayuntamiento, sobre todo de la Concejalía de Urbanismo (que dirige Agustín Guillén), la Fiscalía decidió reabrir las diligencias sobre la recuperación del Teatro Romano, que había archivado.

Proyectos en la costa

Esta investigación, que según esas fuentes está «bastante avanzada», parte de una denuncia de la Plataforma Virgen de la Caridad, que afirma que las obras de recuperación del Teatro Romano y su entorno están causando graves daños a la Catedral Vieja.

Aunque no ha trascendido el nombre del resto de expedientes que revisa la Fiscalía, la alusión a los posibles delitos medioambientales indica que puede tratarse de proyectos urbanísticos en la costa. Varias fuentes señalan que propietarios de origen extranjero con propiedades en el litoral han puesto varias denuncias en conocimiento de las embajadas de sus países en España y del Ministerio de Medio Ambiente español. Esto habría catapultado actuaciones de Fiscalía.

A título particular, el ex gerente del Hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa, Pilar Barreiro, y Agustín Guillén por un supuesto deslinde ilegal en una casa anexa a su vivienda de La Manga. Hernández, que mantiene un enfrentamiento soterrado con ambos por la negativa municipal a declarar en ruina el citado hospital, ha prestado ya declaración en la sede de la Fiscalía en Murcia.

El pasado 16 de septiembre la empresa Netham Holdings Ltd. presentó en Cartagena una denuncia por una presunta licencia de obra ilegal en El Carmolí (Los Urrutias) concedida por el Ayuntamiento a un trabajador de General Electric. Una copia de esta denuncia la ha remitido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Y la Fiscalía investiga, a petición del PSOE regional, si empresarios vinculados a la caja vasca Kutxa y a Juan Antonio Roca [ex asesor de Urbanismo de Marbella] compraron por 213 millones de euros la finca rústica Lo Poyo con garantía municipal de recalificación.

La Verdad